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COVID-19: El gobierno está monitorizando las redes sociales supuestamente de forma puntual

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El ministerio del Interior del gobierno de España ha tardado muy poco en aprovechar las circunstancias del estado de alarma para comenzar a monitorizar todas las redes sociales.

 

Violando la privacidad de los ciudadanos, apuntan que se trata de una media excepcional por las circunstancias del estado de alarma.

Sin embargo, la astuta jugada del gobierno para conseguir espiar las redes sociales tranquilamente es la modificación de un Real Decreto de 2014 al que se le añadió una reforma que dio lugar al más restrictivo Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre.

La excusa para realizar esta monitorización es el gran aumento durante el confinamiento de la circulación de discursos o campañas de desinformación en las redes sociales principales que pueden ser peligrosos o delictivos. Así lo explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska el sábado pasado.

Es muy similar a la nueva ley argentina que permite el «ciberpatrullaje» de Internet con el pretexto de controlar el confinamiento.

Al margen de esta violación tan clara y supuestamente transparente de la intimidad de las personas en Internet, queda por establecer a qué llama el gobierno comunicaciones peligrosas. Además, siempre ha existido el discurso desinformativo en las redes sociales de Internet desde su comienzo. ¿Por qué ahora es diferente?

Irónicamente son los propios partidos políticos en sus cuentas de Twitter, donde no sólo mienten, si no que promueven actividades muy reprobables y fabrican noticias falsas. Es el gobierno y el resto de partidos quienes deberían estar siendo monitorizados.

Todo esto tiene un nombre: Vigilancia Interna.

El gobierno se excusa diciendo que ellos no son los que censuran, cierran cuentas o cortan hilos de discusión, si no que lo hacen las propias empresas propietarias de las webs sociales.

Esto parece una alianza de nuestro país con el sector tecnológico internacional de éxito. Para poder monitorizar hace falta acceso al sistema al fin y al cabo.

Pero claro, la fecha de caducidad para este espionaje no finalizará con el estado de alarma, si no que seguirá siendo un arma esgrimida por el poder para reprimir a los ciudadanos más si se puede.

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